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[577, 2011 mayo 12] Cuenta hoy L.C.S. en El Diario de Ávila que el cabeza de lista de la candidatura del PP a las Cortes Regionales, José Manuel Fernández Santiago, presentó las medidas que en el apartado de sanidad están contempladas en su programa, de las que destacan algunas propuestas incluidas en el borrador del II Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León, entre las que se encuentran la construcción y reforma de nuevos centros de salud en toda la provincia, así como la reforma del bloque de consultas externas en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Aunque se trata de un estudio aún no definitivo, en ese Plan se incluye la «externalización de las consultas externas, ahora muy angostas» de ese hospital, así como la construcción de nuevos centros de salud en San Pedro del Arroyo, Madrigal, Burgohondo, Sotillo y Ávila (en el barrio de Las Hervencias), y también la reforma de los centros Ávila Sur-Oeste, Estación y Norte, además del de Arévalo.

Fernández Santiago quiso dejar claro que «el PP no es partidario del copago en materia sanitaria, que tiene que ser gratuita, universal y accesible». De entre las 64 propuestas sanitarias en este apartado del programa popular, el cabeza de lista por Ávila quiso resaltar la «ampliación de la atención primaria, que tiene que ser más resolutiva con nuevos medios de diagnóstico», además de la promesa de «modernizar tecnológicamente tanto los centros como los consultorios», con la implantación de la historia clínica electrónica integrada con comunidades limítrofes y la extensión del uso de la receta electrónica.

Fernández Santiago aprovechó su comparecencia para ofrecer datos sobre las prestaciones sociales, acusando al Gobierno de Zapatero de «recortar los servicios sociales», ofreciendo el dato de que «cuando se firmó la colaboración en la Ley de Dependencia el acuerdo era que se financiaba al 50 por ciento entre Junta y Gobierno central, pero a la hora de la verdad se ha demostrado en esta legislatura que la financiación ha correspondido en un 83,6 por ciento a la Junta y en un 16,3 al Gobierno, que no ha cumplido sus compromisos, como queda claro también en el caso de los centros residenciales, en donde 27 días de cada mes los paga la Junta, y los 3 restantes el Gobierno».